El presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y el empresario David Marjaliza, entre los detenidos
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado la detención del exconsejero de la Comunidad de Madrid y exnúmero dos de Esperanza Aguirre Francisco Granados así como de varios alcaldes y constructores por el pago de dinero a cambio de favores políticos. Entre los implicados también están David Marjaliza, conocido de Granados y que también aparecía en los papeles de Método 3, y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.
Hay seis alcaldes detenidos, de los que cuatro son del PP de los municipios madrileños de Valdemoro, José Carlos Boza; Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas; Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz; y el de Collado-Villalba, Agustín Juárez; el alcalde socialista de Parla, José María Fraile; y el del partido UDMA de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez.
También están detenidos el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados, el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y dos empresarios que actuarían como conseguidores: Se trata de David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca. Además, un Guardia Civil también estaría implicado por haber avisado a Granados de que estaba siendo investigado.
En Murcia, otra de las ciudades en las que se ha desarrollado el operativo, han detenido al secretario general del Instituto de Turismo, Jesús Galindo, a la directora general de Turismo, Mariola Martínez Robles, al exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, y al jefe de gabinete de la Consejería de Industria de la región, Fidel Saura Guerrero.
Según fuentes jurídicas, se investiga una trama organizada en los últimos años que utilizaba contratos e influencias para introducirse en la administración pública a todos los niveles: tanto en el ámbito municipal, como en la diputación y en la comunidad autónoma, para conseguir de forma irregular contratos y servicios públicos. Después, supuestamente blanqueaban los beneficios a través de un complejo entramado societario con la ayuda de empresas que a su vez también les servían para conseguir los contratos y los servicios, contraviniendo la libre competencia.
Las mismas fuentes concluyen que se ha constatado cómo modificaban los pliegos de los contratos, en un proceder muy similar al de la trama Gürtel. Los contratos adjudicados y objeto de las pesquisas eran sobre todo del sector servicios, como los de eficiencia energética en varios municipios, según las mismas fuentes, debido a la caída del sector de la construcción. Han encontrado 110.000 euros en metálico en los diferentes registros que se han hecho durante todo el día.
Así es la 'Operación Púnica'
La operación bautizada como 'Púnica' está siendo desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Madrid, Valencia, Murcia y León. Están previstas cerca de 51 órdenes de detención y las correspondientes ordenes de entrada y registro en domicilios y empresas. De momento hay 15 detenidos, pero se prevé llegar a los 41 y 10 imputados.
Además hay ordenados 259 mandamientos a registros de la propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.
También se conocen 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos y 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.
El juez Eloy Velasco investiga además la procedencia del dinero de una cuenta bancaria que tenía abierta Francisco Granados en Suiza. Velasco sospecha que los 1,5 millones ocultados por Granados, quien fue senador del PP y alcalde de Valdemoro (localidad de unos 72.000 habitantes situada al sur de Madrid) entre 1999 y 2003, tiene un origen ilícito fruto de comisiones recibidas de constructores por recalificaciones fraudulentas de terrenos y adjudicaciones de obras en la época en que fue primer edil de esta localidad.
La Fiscalía Anticorrupción informa que se trata de una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y comunidades autónoma de Madrid, Murcia, León y Valencia, en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas.
A la trama se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delito fiscal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, revelación de secretos, fraude contra la Administración y organización criminal.
Suiza puso a España sobre la pista
El caso arranca por la comisión rogatoria solicitada por el fiscal de Laussane (Suiza), quien en diciembre de 2013 envió a la Fiscalía Anticorrupción el dato de que dos personas, Francisco Granados y David Marjaliza, tenían cuentas en ese país y que procedía a bloquearlas al investigar un delito de blanqueo de capitales agravado. Suiza avisó a Anticorrupción porque el dinero podía desaparecer y para anunciar al Ministerio Público que quería tomarles declaración. Anticorrupción investigó durante seis meses para aclarar el origen de ese dinero, mediante el procedimiento de diligencias informativas, es decir, sin judicializar el caso, y en junio de 2014 presentó una querella en la Audiencia Nacional contra Granados y Marjaliza, que recayó en el juzgado número 6 que dirige el magistrado Eloy Velasco.
Según fuentes jurídicas, se investigan hasta nueve tipos delictivos distintos, como blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, falsificación de documentos, malversación de caudales públicos o revelación de secretos.
Fuente: cadenaser.com