Con una pena de dos años y cuatro meses, deben entrar en la cárcel antes del miércoles
Una de las condenadas tiene 28 años. La otra, 24 y un hijo de dos
Madrid, 13 de agosto de 2008. Tres chicas de 16, 18 y 21 años pasan el rato en un parque. Un hombre se acerca y les pregunta: "¿Queréis compraros algo?". No le conocen de nada. Dudan, pero finalmente, según su relato, le siguen hasta El Corte Inglés sin imaginar que terminarían en el calabozo y dos de ellas, las mayores de edad, con una condena a 2 años, 4 meses y 16 días de cárcel por un delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento mercantil.
En el centro comercial gastaron 857 euros en 30 minutos. Pagaron con la visa oro de una mujer a la que tampoco conocían, pero de la que el hombre tenía incluso su carné de identidad. Las chicas cuentan que entonces pensaron que se trataba de una travesura que, como mucho, terminaría con la devolución del dinero y una reprimenda de sus padres. No se les pasaba por la cabeza una condena de cárcel. Pero Ainhoa Valdés e Irene García tienen hasta este miércoles para entrar en prisión si antes no reciben el indulto.
Desde su detención hasta ahora han pasado casi siete años. "Un sinvivir", describen ambas. La Audiencia de Madrid ha confirmado la pena y el Ministerio de Justicia les ha denegado su primera solicitud de indulto. Con las lágrimas a punto de brotar y continuas pausas para calmarse, las dos admiten sin matices que lo que hicieron estuvo mal y que tienen que recibir un castigo. "Pero no la cárcel".
No la cárcel, explican ellas, porque no tienen antecedentes penales, ya han pagado las indemnizaciones y multas, no han vuelto a delinquir y, sobre todo, porque ahora tienen un empleo estable. Ainhoa, que hoy tiene 28 años, trabaja en una gran cadena de ropa y cuenta que está a punto de ascender a encargada de almacén. Irene, que pronto cumplirá 25, es cocinera en un restaurante, tiene un hijo de dos años y una pareja que no encuentra trabajo.
"No hemos ido a robar un banco. Fuimos a comprar tonterías, sin pensarlo. Hoy no se me ocurriría hacer algo así", comenta Ainhoa. Su padre, muy afectado, no entiende que su hija tenga que estar entre rejas, mientras "esos de las tarjetas opacas siguen tan a gusto por ahí". Ainhoa llegó a ingresar en prisión en diciembre de 2012, pero la dejaron en libertad tres meses después, en espera de la respuesta del primer indulto. Irene, que entonces acababa de dar a luz, no llegó a entrar en la cárcel. "Yo cometí un error en 30 minutos. Nunca había hecho algo así y nunca lo he vuelto a hacer", relata mientras su pequeño, impaciente, intenta jugar con ella. "La Pantoja se ha llevado medio Marbella y va a prisión el mismo tiempo que yo. Que alguien venga y me lo explique".
En El Corte Inglés se gastaron con la tarjeta robada 109 euros en un perfume de Chanel, otros 118 en reproductores de MP3 y 630 en móviles. El cuarto pago, un portátil encargado por el hombre que las había llevado hasta allí, salió denegado. Se pusieron nerviosas. Las pillaron y el hombre huyó con los objetos. Nunca fue detenido.
El abogado presentó un recurso de apelación para que se suspenda provisionalmente la ejecución de la pena
La dueña de la tarjeta declaró que no sabía cómo se la habían quitado. La más joven —que había firmado los resguardos de las compras porque era la que más se parecía a la propietaria de la visa oro— no fue juzgada por ser menor de edad. Ainhoa e Irene alegaron que nunca firmaron nada. Pero el juez considera en la sentencia que "el delito es extensivo a ellas en concepto de coautoras".
Las chicas cuestionan la defensa de la abogada de oficio que les asignaron en un primer momento. Aseguran que ni siquiera les explicó cómo pedir el indulto en el Ministerio de Justicia y que, por ello, no incluyeron argumentos jurídicos como sí han hecho en el segundo intento. "Fuimos solas al ministerio y alguien de la cola nos dijo qué teníamos que poner", cuentan ahora. La respuesta: denegado. El Consejo de Ministros tomó la decisión en abril de 2014, un mes antes del controvertido indulto a un guardia civil que había sido condenado por grabar con el móvil una agresión sexual.
Juan Miguel López, el letrado de pago que hoy las representa, niega que se trate de un delito de estafa continuada. "Si voy a un local y engaño para comprar algo, eso es una estafa. Si voy a un local y después a otro y a otro, eso es una estafa continuada, que agrava la pena. Ellas compraron en tres departamentos distintos, sí, pero en el mismo local y en media hora. Y ni siquiera se hicieron con los objetos; incluso podría ser tentativa de estafa y se podía haber luchado por sustituir la pena de prisión por una multa". El abogado cree que se pudo haber buscado otra fórmula: "No tienen antecedentes y están insertadas en la sociedad. En este caso, lejos de buscar un efecto rehabilitador, la pena se convierte en un elemento de desestructuración y hasta de represalia".
Ainhoa e Irene dependen ahora de la Audiencia de Madrid, donde han presentado un recurso para suspender la ejecución de la pena hasta que el ministerio responda a su segunda solicitud de indulto.
Fuente: elpais.com